Durante siglos, la ciencia funcionó como un club de acceso restringido. Los resultados de investigaciones financiadas en gran parte con dinero público terminaban encerrados tras muros de pago que solo instituciones bien capitalizadas podían sortear. Un investigador en Nairobi, un médico rural en Bolivia o un estudiante en una universidad pequeña de Extremadura se encontraban con la misma barrera: pagar para leer lo que otros habían producido, muchas veces también pagando.
El movimiento de la Ciencia Abierta nació precisamente como respuesta a esta paradoja. Sus raíces se remontan a finales de los años noventa, cuando la explosión de internet abrió una posibilidad que antes era técnicamente imposible: distribuir conocimiento científico a coste casi cero. En 1991, Paul Ginsparg creó arXiv, un repositorio de preprints en física que demostró que los científicos podían compartir sus hallazgos antes incluso de pasar por la revisión editorial formal. Era una grieta en el muro.
El momento fundacional llegó en 2002 con la Declaración de Budapest sobre Acceso Abierto, donde por primera vez se articuló de forma clara y programática la idea de que la literatura científica revisada por pares debía ser libremente accesible en internet, sin restricciones económicas ni barreras de permisos. Dos años después, las declaraciones de Bethesda y Berlín ampliaron y consolidaron ese marco conceptual. Eran textos breves pero de enorme potencia simbólica: pusieron nombre y forma jurídica a algo que muchos sentían pero pocos habían sabido formular.
Lo que entonces parecía una aspiración idealista de un puñado de académicos inconformes se ha convertido en política institucional en la mayor parte del mundo desarrollado. La Unión Europea, a través de programas como Horizonte Europa, exige que los resultados de investigación financiada públicamente se publiquen en acceso abierto. En España, la Ley de la Ciencia de 2022 recoge explícitamente este mandato. Las grandes agencias de financiación, desde los NIH estadounidenses hasta el Wellcome Trust británico, han seguido el mismo camino.
Pero la Ciencia Abierta es hoy mucho más que el acceso abierto a publicaciones. Se ha convertido en una filosofía de trabajo que abarca los datos de investigación —que también deben ser compartibles y reutilizables—, los métodos y protocolos, el software, e incluso el proceso mismo de revisión por pares. Plataformas como Zenodo, figshare o el propio SciELO en el ámbito iberoamericano son la infraestructura visible de ese cambio cultural.
Queda camino por recorrer. El modelo de pago por publicar —las llamadas APCs, article processing charges— ha trasladado el negocio de las grandes editoriales desde el lector hacia el autor, sin resolver el problema de fondo para quienes investigan desde el Sur Global. Y la calidad y la reputación siguen asociadas, con demasiada frecuencia, a revistas de siempre y factores de impacto que premian a los ya poderosos.
Pero el espíritu original de Budapest sigue vivo y sigue empujando: el conocimiento generado con esfuerzo colectivo pertenece a todos. Y esa idea, una vez dicha en voz alta, es difícil de encarcelar de nuevo.

