Hablar de Ciencia Abierta implica, inevitablemente, hablar de infraestructura. Del mismo modo que la arquitectura no puede concebirse sin la materialidad que la sustenta —sin muros, cimientos o instalaciones—, el conocimiento científico abierto necesita plataformas, repositorios, identificadores y redes que lo hagan circular, preservar y encontrar. España ha avanzado de forma considerable en la construcción de este ecosistema durante la última década, aunque el camino por recorrer sigue siendo largo y la coordinación entre sus actores, un reto permanente.
¿Qué entendemos por infraestructura de Ciencia Abierta?
El término «infraestructura» en este contexto va mucho más allá de los servidores o el ancho de banda. Abarca los sistemas técnicos, los estándares, los modelos de gobernanza y los acuerdos institucionales que permiten que los resultados de la investigación —publicaciones, datos, software, protocolos— sean accesibles, reproducibles e interoperables. La Comisión Europea, a través de su European Open Science Cloud (EOSC), ha hecho de este enfoque uno de los pilares de su política científica, y España participa activamente en ese proyecto como estado miembro.
En términos prácticos, cuando un investigador deposita su artículo en un repositorio institucional, cuando una revista opera bajo plataformas como OJS o SciELO, o cuando los datos de un proyecto se archivan con un DOI asignado, está aprovechando una infraestructura de Ciencia Abierta. La pregunta relevante es si esas piezas encajan entre sí con suficiente coherencia para conformar un sistema, y no simplemente una colección de iniciativas dispersas.
El mapa de actores en España
El panorama español se articula alrededor de varios ejes complementarios. El primero y más visible es el de los repositorios. RECOLECTA, impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), funciona como agregador nacional de repositorios de acceso abierto y constituye la puerta de entrada a miles de documentos académicos producidos en universidades, organismos públicos de investigación y centros del CSIC. Detrás de RECOLECTA opera una red de repositorios institucionales de desigual madurez: algunos, como el de la Universitat Politècnica de Catalunya o el de la Universidad Complutense de Madrid, cuentan con décadas de recorrido y acervos muy consolidados; otros están todavía en proceso de desarrollo.
Un segundo eje lo conforman las plataformas de publicación científica. SciELO España, gestionado en colaboración con el CSIC, es quizás el ejemplo más reconocible a escala iberoamericana: una plataforma de acceso abierto que alberga revistas de calidad evaluada y las dota de visibilidad internacional mediante metadatos estructurados, indicadores bibliométricos y conexión con redes de indización. Junto a ella, Dialnet —sostenida por la Universidad de La Rioja— ofrece un servicio complementario con un énfasis especial en la producción en lengua española y en las humanidades y ciencias sociales, áreas históricamente mal representadas en las grandes bases de datos anglocentradas.
El tercer eje corresponde a los identificadores persistentes y los metadatos. La adopción generalizada del DOI para publicaciones y datasets, la integración del ORCID como identificador de autor, o el uso del ROR para instituciones son avances que pueden parecer técnicos y menores, pero que resultan decisivos para la interoperabilidad. Sin ellos, los sistemas no se hablan entre sí y el conocimiento queda fragmentado en silos. España ha promovido su adopción desde FECYT, aunque la penetración es aún desigual entre disciplinas e instituciones.
La Ley de la Ciencia y su impacto en las infraestructuras
La reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en 2022, incorporó el mandato de acceso abierto de forma más explícita que su predecesora de 2011. Establece la obligación de depositar en repositorios de acceso abierto los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, en un plazo máximo de seis meses para publicaciones (inmediato en el caso de los datos, cuando sea posible). Este mandato legal no solo tiene implicaciones políticas; las tiene también infraestructurales, porque para cumplirlo hace falta que los repositorios existan, funcionen bien y sean conocidos por los investigadores.
La implementación de este mandato ha puesto sobre la mesa algunas carencias: la falta de una política coordinada de datos de investigación a nivel nacional, la ausencia de un repositorio generalista de datos de referencia —como lo es Zenodo en el ámbito europeo—, o la necesidad de formación específica entre el personal investigador y bibliotecario. Son déficits reales, pero también señalan el camino de lo que queda por construir.
España en el contexto europeo: EOSC y más allá
La European Open Science Cloud es la apuesta más ambiciosa a escala continental para crear un espacio federado de datos y servicios científicos. España participa a través de diversos proyectos financiados por Horizonte Europa y a través de sus instituciones de referencia —CSIC, universidades, centros de investigación—, aunque la articulación de una estrategia nacional coherente frente a EOSC ha sido más lenta de lo deseable.
El nodo español de EOSC se ha ido configurando progresivamente, con iniciativas como el proyecto EOSC-Synergy o la participación en la EOSC Association, pero la integración efectiva de los repositorios y plataformas nacionales en ese espacio europeo sigue siendo un trabajo en curso. La interoperabilidad técnica —metadatos en formatos compatibles, APIs abiertas, autenticación federada— es el campo de batalla donde se dirime buena parte de esta integración.
Retos pendientes y oportunidades
Entre los retos más acuciantes destaca la sostenibilidad económica de muchas de estas infraestructuras. El modelo de publicación en acceso abierto ha generado una paradoja: las bibliotecas universitarias, que antes pagaban suscripciones a grandes editoriales, ahora deben negociar acuerdos transformativos en los que se pagan cargos por procesamiento de artículos (APC), sin que el ahorro previo se haya materializado plenamente. Esto presiona los presupuestos y obliga a repensar quién financia el coste real de hacer circular el conocimiento.
La dimensión de las humanidades y las ciencias sociales también merece atención particular. Estas disciplinas producen conocimiento en formatos —libros, capítulos, revistas en español o en otras lenguas no anglófonas— que no encajan bien en los sistemas de evaluación dominantes ni en las plataformas más consolidadas. Infraestructuras como Dialnet o iniciativas como el proyecto OPERAS a escala europea intentan dar respuesta a esta especificidad, pero la brecha con las ciencias experimentales sigue siendo notable.
Por último, la cuestión de la gobernanza es ineludible. ¿Quién decide cómo evolucionan estas infraestructuras? ¿Con qué criterios de inclusión, sostenibilidad y equidad? La Ciencia Abierta no es un asunto puramente técnico; es también un asunto político, en el sentido más amplio del término. Las comunidades científicas, las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto tienen intereses legítimos en cómo se construye y quién controla el acceso al conocimiento que, en gran medida, la propia sociedad ha financiado.
Una arquitectura del conocimiento
La metáfora arquitectónica, en este contexto, no es gratuita. Una buena infraestructura de Ciencia Abierta debe cumplir condiciones análogas a las que exigimos a un buen edificio: funcionalidad, durabilidad, adaptabilidad y, en la medida de lo posible, algo de elegancia en la solución. España tiene los mimbres para construir un ecosistema sólido. Tiene instituciones con décadas de experiencia, comunidades científicas comprometidas y un marco legal que apunta en la dirección correcta. Lo que hace falta, quizás, es un poco más de arquitectura de conjunto: esa visión sistémica que permite que las partes, por separado valiosas, funcionen mejor cuando se relacionan entre sí con coherencia y propósito.
Este post forma parte de una serie sobre comunicación científica y políticas de acceso abierto.